Petición Abierta al Gobierno Bolivariano de Venezuela
Solidaridad con Bernhard Heidbreder: ¡No a la extradición! ¡No a la violación de sus derechos humanos!
A principios de julio 2014, el militante de la izquierda revolucionaria y popular alemana Bernhard Heidbreder fue detenido en Mérida, Venezuela por agentes de la Interpol. Se encuentra ahora detenido en Caracas, amenazado de ser extraditado a Alemania, dentro de pocos días.
Alemania no le garantiza un juicio justo, puesto que le está aplicando leyes antiterroristas, estructuralmente, violatorias de las garantías procesales y otros derechos humanos. Por otra parte, los delitos leves por los que se le acusan en Alemania, ya estarían prescritos en Venezuela. Por tales razones, el Estado venezolano está obligado a abstenerse de extraditarlo a aquel país con el que, además, no existe un convenio de extradición.
¿Culpable de solidaridad?
Heidbreder huyó de Europa en 1995 tras ser acusado de haber participado en dos acciones de sabotaje en Alemania. Llegó a Venezuela hace una década y desde entonces milita en procesos populares bolivarianos desde su comunidad (consejo comunal, sala de batalla social, etc). El Estado alemán acusa a Heidbreder de haber formado parte de un grupo militante alemán llamado el “Komitee” a mediados de los 1990. Este grupo realizó sólo dos acciones publicitarias de sabotaje en 1994 y 1995, ninguna de las cuales generó ni personas heridas ni fallecidas.
Ambas acciones propagandísticas se enmarcaron en principios altruistas y de solidaridad con pueblos y personas cuyos derechos humanos eran violados por políticas públicas alemanas. La primera se dirigió contra una instalación del ejército alemán y buscaba denunciar la asesoría militar alemana al Ejército turco (entonces en plena guerra contra el pueblo kurdo).La segunda acción tuvo como objetivo impedir la reapertura de una cárcel de internamiento de indocumentados en Berlín. En Alemania, los inmigrantes indocumentados del Sur que son aprehendidos o denunciados por la población se encarcelan como si fuesen criminales y pueden pasar años en estas condiciones antes de ser deportados a sus países; esto hace años genera protestas de grupos y colectivos antirracistas por la violación de derechos humanos que constituye. Incluso la Corte Europea (European Court of Justice) en julio 2014 se pronunció enfáticamente contra las prácticas de encarcelamiento de los inmigrantes en Alemania, considerándolas una violación de derechos fundamentales. La cárcel de deportación de Berlín-Grünau ha sido durante muchos años un símbolo de estas políticas institucionalmente racistas. Al momento del intento de sabotaje estaba en remodelación. El “Komitee” declaró entonces que con esta acción querían sacudir a la opinión pública alemana para revertir esta injusticia, en un momento político en el que incluso el derecho al asilo político para aquellas personas amenazadas de muerte en su país de origen estaba siendo socavado radicalmente.
Violación de sus derechos en Alemania
No está claro si Bernhard realmente participó en estos dos actos de sabotaje, pero en cualquier caso la justicia alemana no garantiza un proceso transparente y justo en casos de esta naturaleza.
Aunque por sentido común las acciones de sabotaje descritas no califican como terrorismo sino como atentado contra la propiedad por motivaciones altruistas, el código penal alemán desde las grandes confrontaciones sociales de los años 70 considera terrorista a cualquier asociación de mínimo tres personas que se propongan actos ilegales con motivos políticos, aun cuando estos no hayan involucrado el riesgo de daños a personas.
Efectivamente en este caso las acciones en cuestión nunca pusieron en peligro a vidas humanas. Fueron diseñadas para no herir a nadie. Trataron de defender los intereses de la población civil kurda (víctima de la represión del Estado turco) y de los inmigrantes indocumentados en Alemania. En este sentido fueron acciones solidarias y populares en defensa de los derechos de la población del Sur Global.
Desde la caída del Muro en 1989 ha habido múltiples asesinatos contra migrantes y actos de violencia premeditados por la extrema derecha y grupos neonazis. Sin embargo, la justicia alemana siempre se rehusó a calificar estos actos como políticos, mientras al mismo tiempo se empeñó en perseguir políticamente a activistas de la izquierda. Actualmente, por ejemplo, está en marcha un juicio contra un grupo autodenominado “Clandestinidad Nacionalsocialista” (NSU) que asesinó a al menos 10 inmigrantes por motivos de odio racial. A lo largo del juicio quedó en evidencia que diversos servicios secretos alemanes, así como la policía, encubrieron activamente a este terrorismo de ultraderecha. Es poco probable que todos los culpables puedan ser juzgados ya que la institucionalidad se protege recíprocamente.
Bernhard Heidbreder y otras dos personas que huyeron por las mismas circunstancias han sido perseguidos por el Estado alemán por más de 20 años, lo que asombra, porque los delitos leves de los que se les acusa, deberían haber prescrito. Sin embargo, las autoridades alemanas los han listado entre los 10 hombres más buscados de Alemania, junto con asesinos y mafiosos. Todo indica que aquí se trata más de una persecución política que de un caso regular, por lo que se subrayan los riesgos de violación a los principios del juicio justo.
Nuestra exigencia
Bernhard, quien se ve amenazado de vulneración de sus derechos humanos,es un militante internacionalista de izquierda que merece toda nuestra solidaridad. Por ello, le exigimos al Estado venezolano, que proteja sus derechos humanos absteniéndose de extraditarlo a Alemania y garantizándole un debido proceso en el país.
Suscribimos:
Juan Contreras, diputado (Asamblea Nacional de Venezuela)
Isabel Rauber, historiadora (Argentina)
Claudio Katz, economista (Argentina)
Raul Zelik, escritor (Alemania)
Katu Arkonada, economista (País Vasco / Estado Español)
Francisca Cabieses, socióloga (Chile)
Jean Ortiz, historiador (Francia)
José Luis García Hidalgo, economista (España)
Inaki Gil de San Vicente, autor (País Vasco / Estado Español)
Theodoros Kargotis, sociólogo (Grecia)
Antonios Broumas, abogado (Grecia)
Gustavo Luca de Tena, autor (Galicia)
Jerome Duval, activista de solidaridad con América Latina (Francia)
María José Aguilar, catedrática universitaria (Estado Español)
Kine Fristad, activista de solidaridad con América Latina (Noruega)
Luis Ocaña, abogado (Andalucía / Estado Español)
Anna Gabriel Sabate, abogada (Catalunya / Estado Español)
Antonio González Plessmann, activista de DDHH (Venezuela)
Carles Badenes, economista (Catalunya / Estado Español)